// SCJN · Décima Época
Registro: 160001 · Clave: XVIII.3o. J/2 (9a.)
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. LA RETENCIÓN QUE DE ÉSTOS HACE EL NOTARIO, RESPECTO DE ACTOS CELEBRADOS ANTE ÉL, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD QUE LOS PREVÉ.
Resumen
El criterio establece que la retención de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio que realiza el notario público en Morelos, respecto de actos protocolizados ante él, constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda de dicho Estado. Este momento es crucial porque a partir de ahí se computa el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo contra la inconstitucionalidad de la norma.
Texto Oficial
Los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos para el Estado de Morelos, establecen que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos registrales, cuando los actos jurídicos respectivos se hacen constar en escritura pública, y tienen la obligación de calcularlos, retenerlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a la protocolización. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que ésta haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica. Consecuentemente, la retención que hace el notario de los derechos por la inscripción de actos celebrados ante él en el Registro Público de la Propiedad y Comercio local, constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado que los prevé, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que desde ese momento inicia el cómputo de los quince días a que alude el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Precedentes
- Amparo en revisión 115/2011. 23 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Secretaria: María del Pilar Azuela Bohigas.
- Amparo en revisión 118/2011. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Salvador Obregón Sandoval.
- Amparo en revisión 173/2011. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Secretaria: Nancy Ortiz Chavarría.
- Amparo en revisión 177/2011. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Secretario: Óscar Rojas Cota.
- Amparo en revisión 194/2011. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Secretario: Óscar Rojas Cota.
- Nota:
- Por ejecutoria del 13 de febrero de 2013, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 489/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que ya existe la jurisprudencia 2a./J 47/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.
- Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 47/2013 (10a.) de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN."
Notas Estratégicas
Para los contribuyentes, este criterio subraya la importancia de identificar el momento exacto de la retención notarial como el inicio del plazo fatal para impugnar la ley de derechos vía amparo. Desde la perspectiva de la autoridad fiscal, delimita con claridad el punto de partida para la defensa de la norma, en caso de una controversia constitucional.