// CFF
Artículo 114-A
Delito de amenaza por servidor público fiscal (1 a 5 años)
Resumen
Se sanciona con 1 a 5 años de prisión al servidor público fiscal que amenace a un contribuyente, sus representantes o dependientes con formular una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para ejercitar acción penal por posibles delitos fiscales. La sanción se aumenta hasta en una mitad más si el servidor público promueve o gestiona una querella o denuncia notoriamente improcedente.
Texto Oficial
Artículo 114-A.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales.
Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente.
Conceptos Clave
- Amenaza de denuncia/querellaes el tipo base; el servidor público que usa la amenaza de iniciar una acción penal como herramienta de presión comete delito, aunque la denuncia sea procedente si efectivamente la formulara
- Querella o denuncia notoriamente improcedentees el tipo agravado; si el servidor público llega a formular la acción penal sabiendo que no tiene sustento, la pena puede aumentarse hasta en una mitad
Referencias Cruzadas
- CFF-art-100prescripción de la acción penal; la amenaza de que la SHCP formule querella es el instrumento de coerción que este artículo sanciona cuando se usa indebidamente
Notas
El art. 114-A es el mecanismo de equilibrio del sistema penal fiscal: mientras los arts. 108-113 sancionan al contribuyente, el art. 114-A sanciona al funcionario que abusa de la amenaza penal como herramienta de extorsión o coerción. En la práctica, los procesos por este delito son escasos porque requieren que el contribuyente denuncie al funcionario, lo que implica un costo reputacional y de relación con la autoridad que pocos contribuyentes están dispuestos a asumir.